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Descripción es exacto "A partir del año 2000, cuando comenzó el ciclo de crecimiento sostenido de los precios internacionales de los commodities, los países de América Latina ingresaron a una nueva fase de acumulación caracterizada por la reinstalación del modelo de ventajas comparativas como motor del desarrollo. Esta fase, que adquirió la denominación de neoextractivista, implicó la reocupación de la región de su histórico rol de productora de materias primas con escaso o nulo valor agregado para su exportación a los países centrales, principalmente productos agrícolas (soja, trigo), energéticos (gas natural, petróleo) y de minería metálica (cobre, oro, plata, zinc).

En este escenario, signado por condicionamientos geopolíticos tales como la erosión de la unipolaridad norteamericana en la región, el ingreso de nuevos socios comerciales, principalmente China, así como la instauración de un nuevo marco securitario internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los países latinoamericanos implementaron una serie de reformas políticas, económicas y judiciales tendientes a la mejora de su competitividad comercial como plaza de inversiones.

En efecto, esto exigió el despliegue de mecanismos diversos de control del orden interno, en pos de dotar a los proyectos extractivos de un marco de “seguridad jurídica” propicio para el desarrollo de sus actividades. Esto se tradujo en el recrudecimiento de las políticas de contención y represión de la protesta antiextractivista, que en Chile y Perú fueron acompañadas de la construcción de las comunidades indígenas e indígeno-campesinas que se oponen parcial o totalmente a las actividades extractivas, como una amenaza. Una amenaza terrorista que, aggiornada a un nuevo contexto de disputas por las tierras, mutó hacia el ecoterrorismo, una categoría utilizada por las autoridades gubernamentales para legitimar su accionar sobre estos colectivos.

Los casos nacionales presentan una serie de elementos comunes. En ambos se produjo la reactualización de imaginarios y discursos terroristas en el marco de sendas transiciones democráticas recientes (en Chile durante los años noventa y en Perú, durante los dos mil). Tanto Chile como Perú presentan una alta composición de población indígena (e indígeno-campesina en el caso de los pueblos andinos de la sierra peruana) históricamente marginada, que fortaleció el reclamo histórico por el cumplimiento de sus derechos frente a la expansión de la frontera extractiva.

En ambos países se produjo el despliegue de una respuesta estatal predominantemente punitiva frente a estas demandas de naturaleza política, convirtiendo las manifestaciones de disidencia en actos de traición a la patria u obstrucción al desarrollo de la nación. En el año 2011 fueron los países con mayor cantidad de conflictos entre las empresas extractivistas y las comunidades.

Las economías de ambos países presentaron durante estos años un perfil económico reprimarizado, sostenido sobre el incremento de las exportaciones mineras, pesqueras, forestales e hidrocarburíferas, que les permitió alcanzar márgenes históricos de crecimiento del PBI, incentivando la profundización de este modelo de desarrollo y el consecuente recrudecimiento de la criminalización de la protesta.

La presente investigación propone analizar comparativamente los procesos de criminalización de la protesta antiextractivista en Chile y Perú entre 2000 y 2018, focalizando en los modos en que los Estados respondieron a las demandas de las comunidades indígenas e indígeno-campesinas. En las regiones del sur chileno, así como en la selva y la sierra peruanas, identificamos la correlación establecida: frente a la protesta social y territorial ligada a la instalación de empresas extractivas o la profundización de proyectos existentes, la respuesta estatal es predominantemente coercitiva.

Si bien los casos difieren en el tipo de proyecto extractivo predominante, en las alianzas comerciales que establecen con diversos países, o los modos históricos de resolución del conflicto interno, en ambos se observa un proceso de securitización del modelo de desarrollo. Las comunidades que se oponen parcial o totalmente a los proyectos extractivos son construidas como terroristas ecológicos o ecoterroristas. Se asume que, si bien esta categorización político-judicial-mediática resulta funcional a la actual fase de acumulación, es el producto de una serie de violencias estructurales desplegadas sobre estas comunidades desde larga data, que se pueden reconstruir a partir de los procesos de constitución de los Estados nacionales. Así, la criminalización de la protesta antiextractivista aparece como la forma de respuesta estatal que posibilita el sostenimiento del patrón de crecimiento.

Los elementos mencionados caracterizan lo que en esta tesis se analiza, desde la perspectiva de la Sociología Histórica, como tensiones en torno a la imposición de un nuevo orden económico-político neoextractivista. Se aborda, de este modo, el uso de la violencia estatal como un recurso para la resolución de conflictos internos o, en otras palabras, para la construcción y mantenimiento de un orden determinado. En función de lo antedicho, la violencia estatal es explorada no sólo en su faz represiva, sino también en su dimensión productiva: la creación de un enemigo cuya mera existencia representa una amenaza para la nación."