Explorar registros (1 total)

Search criteria:
  • Descripción es exacto "A raíz del debate sobre la inseguridad instalado en medio de las campañas legislativas de 2013, la discusión acerca de la baja de la edad de imputabilidad de la pena volvió a entrar en escena. Luego de haberse alejado de las primeras planas durante un tiempo y de desaparecer de la agenda pública como una ‘solución’ al aumento de los índices delictivos, volvió a tomar notoriedad impulsada por políticos que querían llenar las urnas con sus nombres. La problemática se instaló con fuerza en las agendas mediáticas y repercutió en los discursos de los tres principales candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires: Sergio Massa, Francisco De Narváez y Martín Insaurralde.

    En el transcurso de los últimos años, la cuestión acerca de bajar la edad de imputabilidad ha tenido por momentos un lugar central en la opinión pública y por otros ha sido olvidada. Se pueden citar como ejemplos los años 2008 y 2009, cuando luego de una serie de acontecimientos que tuvieron como protagonistas a chicos menores de 18 años de edad, el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, encabezó una cruzada con la baja de imputabilidad como bandera y pidió públicamente debatir sobre un proyecto de ley para disminuirla de 16 a “los 12, 13 o 14 años de acuerdo a la gravedad del delito”. A pesar de la cantidad de manifestaciones y marchas que exigían “mayor seguridad” que se produjeron en distintos puntos de la provincia -y también en la Ciudad de Buenos Aires- la iniciativa no prosperó y luego de un tiempo volvió debajo del tapete donde había estado.

    A mediados de 2013, con las elecciones en puerta, una serie de reclamos comenzaron a ser impartidos ‘desde la sociedad’, ¿a través de los medios?, o simplemente desde los medios, y la cuestión securitaria y la baja de la edad de imputabilidad de la pena resurgieron como temas centrales de la agenda pública. La problemática de la inseguridad tomó un lugar central en los postulados de los tres candidatos a analizar, pero no sólo en sus discursos. Los reclamos se escucharon continuamente en los medios, que como un ‘reflejo de la voz de la gente’, se hicieron eco de los pedidos de mayor seguridad. Pedido que se tradujo en un reclamo por la baja de la edad de imputabilidad, de mayor control policial y patrullas, más cámaras de seguridad, endurecimiento de penas, en síntesis: más mano dura. En este sentido, y si bien en materia penal los menores tienen derecho a una protección especial, en estos discursos se plantea la posibilidad de tratarlos como adultos.

    Y esto es lo que sucede también en la práctica, es decir, se aplica en los chicos y chicas que no cumplieron los 18 años el régimen penal que se aplica a los mayores, práctica inconstitucional ya que viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la que el Estado argentino es garante. En muchos casos, a pesar de que los chicos de entre 16 y 18 años -ya considerados imputables-, deban ser juzgados bajo un régimen especial, reciben las mismas penas que los adultos, sin los límites ni las garantías del derecho penal.

    La Ley N° 22.278 -sancionada durante la última dictadura militar- establece condiciones especiales de punibilidad que se encubren bajo el cuadro de la guarda tutelar, y con este fundamento se priva de su libertad a muchos chicos de menos de 16 años.
    "
Resultados: 1 total
Formatos de salida

atom, csv, dcmes-xml, json, mobile-json, omeka-xml, rss2