Ley de comunicación en Ecuador : Estado, sociedad civil y mercado

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En la última década, tras la crisis económica y política de lo que se conoce como “modelo neoliberal”, gobiernos latinoamericanos de distinto signo ideológico han tomado en sus manos una agenda de regulación de los medios, del ejercicio del derecho a la comunicación, y de las actividades ligadas a las industrias culturales. En particular, las acciones emprendidas desde los gobiernos llamados “progresistas”, “pos neoliberales”, “neo populistas”, “nacional-populares” o “socialistas del siglo XXI”, han reabierto el debate en torno a estas cuestiones con mucha más profundidad que en otros países de la región. En 2004, Venezuela inauguró esta tendencia con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Luego siguió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina (2009), la Ley de telecomunicaciones en Bolivia (2011), la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador (2013), y la Ley de Medios en Uruguay (2014).

Los medios de comunicación privados fueron eje de cuestionamientos tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Exceptuando diferencias demográficas o de desarrollo económico entre los países en cuestión, Martín Becerra (2014:63) expuso una serie de continuidades entre los cuadros nacionales donde se insertaron estos intentos de regulación del mapa mediático. Primero, la lógica comercial de los medios y las industrias culturales fue la única protagonista de este mapa, prácticamente desde la llegada de los medios masivos en América Latina. Segundo, la ausencia de medios públicos no gubernamentales y el uso de los pocos medios estatales como forma de transmisión del discurso oficial. Tercero, una marcada configuración de procesos de concentración de la propiedad de los medios en unos pocos grupos mediáticos. Cuarto, la centralización geográfica de la producción de contenidos tanto informativos como de entretenimiento en los principales centros urbanos de cada país. Quinto, las escasísimas experiencias previas de intentos de regulación, a diferencia de Estados Unidos o Europa, aunque a la vez y paradójicamente, las empresas periodísticas mantuvieron una activa e informal relación con los distintos gobiernos.

Difícilmente los grandes grupos latinoamericanos podrían haber alcanzado la extensión y el predominio que hoy tienen en sus diferentes países sin la aquiescencia de sucesivos gobiernos, el apoyo económico del Estado y la fragilidad de una regulación que, lejos de promover la diversidad, estimuló la uniformidad de actores y perspectivas en los mercados de medios. (p.65)

Como sexto punto, agregamos la presencia de proyectos vinculados a medios de carácter comunitario, alternativo o no comercial, que son excluidos del acceso a frecuencias del espectro radioeléctrico debido a “marcos regulatorios discriminatorios y prácticas abusivas que benefician a unos pocos empresarios y grupos económicos”. (Gómez Germano, Aguerre, Elíades, 2009)

El interés de esta investigación se fundamenta en la necesidad de analizar críticamente el proceso de sanción de nuevos marcos regulatorios y la efectividad de su implementación, principalmente en materia de democratización de la comunicación y modificación del sistema de medios vigente. En el contexto político actual, las experiencias de esta orientación ideológica evidencian un marcado retroceso frente a sectores ligados a la derecha, luego de más de una década en el poder. La crisis económica mundial, abierta desde 2008, y su impacto en la caída de los precios de las commodities, empujaron a los gobiernos de signo progresista a responder más explícitamente a las necesidades y sectores del capital, en detrimento de las demandas populares y la erosión de las conquistas. En resumen, la situación política, social y económica presenta rasgos de crisis del “modelo pos neoliberal”, propiciando un terreno adecuado para investigar y desarrollar un balance comparativo entre el estado anterior y actual del sistema de medios.

El caso concreto que se analizará es el debate suscitado en torno a la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador –en adelante “LOC”-, cuyos protagonistas fueron el Estado, el mercado y la sociedad civil. El proceso político que vive este país desde finales del siglo XX, con fuertes crisis económicas e institucionales y, más recientemente, un largo período de estabilidad, derivó en la sanción de un marco legal para la comunicación, donde numerosas fuerzas jugaron a favor y en contra, de acuerdo a intereses y proyección de beneficios. Analizar sus marcos de alianzas y confrontaciones es significativo para comprender la LOC como el resultado de una disputa entre sectores –probablemente, con mucha similitud a la de otros países latinoamericanos-, donde las intervenciones del Estado fueron vitales para el sostenimiento del orden económico, tras el estallido social de la región en los inicios del siglo XXI.

En una primera mirada, la LOC presenta una ambiciosa amplitud en la definición de su ámbito de aplicación, y una marcada integralidad con la que aborda el derecho humano a la comunicación; a la vez que establece un articulado que habilita la regulación de la línea editorial de los medios, lo que fue blanco de numerosas críticas tanto de sectores opositores como organismos internacionales. Regionalmente, la experiencia ecuatoriana se muestra a priori como una de las más radicalizadas, dentro de un sistema de medios que, como veremos, también verifica los seis puntos de continuidad arriba mencionados. Guillermo Mastrini y Martín Becerra (2006:6) señalaron la importancia de
retomar una agenda de prioridades para el campo de los estudios de economía política de la comunicación para América Latina; donde la política y la legislación sobre industrias culturales debe problematizarse desde el desafío del pluralismo y la diversidad, en el contexto de convergencia tecnológica y concentración económica. También, el análisis de las correlaciones y mutuas determinaciones entre procesos macroeconómicos y comunicacionales, así como la socialización y el comportamiento de los agentes económicos involucrados.

La inquietud central es aunar el proceso histórico-político con el impulso a las políticas de comunicación durante los gobiernos de Rafael Correa (2006-2009; 2009-2013; 2013-2017). Para ello, se describirán los antecedentes históricos que desplegaron el imperativo de regular los medios de comunicación, el proceso de debate, las posiciones de los agentes involucrados, las polémicas, los obstáculos, los aspectos principales del marco normativo finalmente sancionado, y sus formas de implementación. Sobre este último punto, como se dijo, se pretende poner en tela de juicio la efectividad del camino transitado según los objetivos planteados, los cuales fueron a menudo definidos como “democratización de la palabra y las comunicaciones”, en el marco de una aparente “lucha hegemónica” más general contra los “poderes fácticos”. En ese sentido, “el modo en que se regula el sector de los medios es un indicador de peso para analizar la configuración del espacio público que se proyecta desde el Estado, toda vez que los medios son dispositivos privilegiados de socialización y troquelan el ambiente en que se producen, editan, distribuyen y utilizan masivamente las informaciones y los entretenimientos”. (Becerra, 2014) Antes de las conclusiones se ofrecerá una breve descripción acerca de las políticas desplegadas por el nuevo gobierno de Lenin Moreno, y los alcances sobre una posible reforma a la LOC.

Tales relaciones -entre agentes involucrados y entre contexto político y proceso regulatorio-, fueron reconstruidas a partir del relevamiento y análisis de fuentes bibliográficas -leyes, decretos, noticias, publicaciones y libros-, y con entrevistas a actores locales vinculados al campo de la comunicación o al proceso en cuestión.

Es preciso indicar que las discusiones sobre políticas nacionales de comunicación no son un tema reciente en América Latina, aunque sí lo es su reactualización de la última década.

Los estudios latinoamericanos de comunicación y cultura nacieron al calor de la problemática fundamental sobre qué hacer con el sistema de medios, cómo enfrentar a los oligopolios imperialistas o en manos de las burguesías ‘nacionales’ que se apropiaron –también y además- de la comunicación y sus medios de producción y circulación (…) tales movilizaciones se dieron en el cuadro –o fueron impulsadas- de aquellas otras que planteaban la transformación radical del Estado y de la sociedad capitalista: desde la Revolución Cubana, pasando por el proceso peruano de Velasco Alvarado hasta el laboratorio chileno. (Gándara, 2015)

Entonces, la posibilidad de vincular procesos histórico-políticos más generales al empuje o debate sobre políticas de comunicación es una tendencia tempranamente detectable en el campo.

Una serie de elementos (ibíd., 2015) permiten aproximarnos a los motivos de esta reactualización, precisamente vinculados con aspectos políticos y económicos:

1. La crisis histórica del capitalismo de finales del siglo XX y comienzos del XXI -erróneamente denominada como “crisis del neoliberalismo”-, que se expresó con base homogénea en América Latina, con ejemplos como el Caracazo en Venezuela, el alzamiento zapatista en México, las rebeliones indígenas en Ecuador, las jornadas de diciembre del 2001 en Argentina, y las grandes movilizaciones por el agua en Bolivia. Un eje vinculado al campo recorre estos procesos: los tradicionales agentes políticos y económicos pasaron por el ojo de la tormenta, y también las empresas mediáticas, que en algunos casos debieron ser rescatadas por el Estado, y en otros sufrieron la apertura de un profundo desequilibrio en su credibilidad, tras ser identificadas como voceras privilegiadas del capital financiero. El caso ecuatoriano es testigo de este cuestionamiento general a los poderes, donde los medios no salieron ilesos.

2. La emergencia de gobiernos autoproclamados como “pos neoliberales” o “socialistas del siglo XXI”, es decir, gobiernos nacionalistas burgueses que, a contrapelo de los de la década del 90, reactualizaron al Estado como “árbitro” de las relaciones entre las clases sociales. Aquí, el sistema de medios fue objeto de esta regimentación del campo político, como dijimos, en el marco de una “lucha hegemónica contra los poderes fácticos”. Este programa fue acompañado por el nuevo rol que muchos gobiernos emprendieron al crear nuevos dispositivos de comunicación directa con la población, saltándose la tradicional mediación de los medios de comunicación privados (Becerra, 2014:68). En Ecuador, la tendencia se verifica tanto en el activismo estatal emprendido a partir de la Presidencia de Correa, como también en la palabra de intelectuales que, mediante el concepto gramsciano de hegemonía, brindaron un marco de justificación a estas intervenciones.

3. El proceso de transformación tecnológica, donde la convergencia digital es causa y resultado de la reorganización económica del mercado infocomunicacional; asunto que sirve como base infraestructural de la reactualización del debate. Como explica Becerra (2014:73), en América Latina había madurado muy poco la perspectiva regulatoria sobre los nuevos medios y la convergencia tecnológica, lo que en Ecuador se expresó primero en la crisis del sector tradicional de la radiodifusión, y por otro lado en el desplazamiento de estos puntos de la LOC (2013) hacia la Ley de Telecomunicaciones (2015).

Fil: Tomich, Federico. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina

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Colaborador

Gándara, Santiago

Editor

Materias

Idioma

spa

Extent

72 p.

Formato

info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.0 Genérica (CC BY-NC-ND 2.0)

Identificador

http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/1684

Cobertura

ECU
2006-2017

Título obtenido

Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Institución otorgante

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales

Identificador interno

4371

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