La criminalización de la protesta antiextractivista en Chile y Perú, 2000-2018 : estrategias de control del orden interno en un contexto de disputas por los recursos naturales

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A partir del año 2000, cuando comenzó el ciclo de crecimiento sostenido de los precios internacionales de los commodities, los países de América Latina ingresaron a una nueva fase de acumulación caracterizada por la reinstalación del modelo de ventajas comparativas como motor del desarrollo. Esta fase, que adquirió la denominación de neoextractivista, implicó la reocupación de la región de su histórico rol de productora de materias primas con escaso o nulo valor agregado para su exportación a los países centrales, principalmente productos agrícolas (soja, trigo), energéticos (gas natural, petróleo) y de minería metálica (cobre, oro, plata, zinc).

En este escenario, signado por condicionamientos geopolíticos tales como la erosión de la unipolaridad norteamericana en la región, el ingreso de nuevos socios comerciales, principalmente China, así como la instauración de un nuevo marco securitario internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los países latinoamericanos implementaron una serie de reformas políticas, económicas y judiciales tendientes a la mejora de su competitividad comercial como plaza de inversiones.

En efecto, esto exigió el despliegue de mecanismos diversos de control del orden interno, en pos de dotar a los proyectos extractivos de un marco de “seguridad jurídica” propicio para el desarrollo de sus actividades. Esto se tradujo en el recrudecimiento de las políticas de contención y represión de la protesta antiextractivista, que en Chile y Perú fueron acompañadas de la construcción de las comunidades indígenas e indígeno-campesinas que se oponen parcial o totalmente a las actividades extractivas, como una amenaza. Una amenaza terrorista que, aggiornada a un nuevo contexto de disputas por las tierras, mutó hacia el ecoterrorismo, una categoría utilizada por las autoridades gubernamentales para legitimar su accionar sobre estos colectivos.

Los casos nacionales presentan una serie de elementos comunes. En ambos se produjo la reactualización de imaginarios y discursos terroristas en el marco de sendas transiciones democráticas recientes (en Chile durante los años noventa y en Perú, durante los dos mil). Tanto Chile como Perú presentan una alta composición de población indígena (e indígeno-campesina en el caso de los pueblos andinos de la sierra peruana) históricamente marginada, que fortaleció el reclamo histórico por el cumplimiento de sus derechos frente a la expansión de la frontera extractiva.

En ambos países se produjo el despliegue de una respuesta estatal predominantemente punitiva frente a estas demandas de naturaleza política, convirtiendo las manifestaciones de disidencia en actos de traición a la patria u obstrucción al desarrollo de la nación. En el año 2011 fueron los países con mayor cantidad de conflictos entre las empresas extractivistas y las comunidades.

Las economías de ambos países presentaron durante estos años un perfil económico reprimarizado, sostenido sobre el incremento de las exportaciones mineras, pesqueras, forestales e hidrocarburíferas, que les permitió alcanzar márgenes históricos de crecimiento del PBI, incentivando la profundización de este modelo de desarrollo y el consecuente recrudecimiento de la criminalización de la protesta.

La presente investigación propone analizar comparativamente los procesos de criminalización de la protesta antiextractivista en Chile y Perú entre 2000 y 2018, focalizando en los modos en que los Estados respondieron a las demandas de las comunidades indígenas e indígeno-campesinas. En las regiones del sur chileno, así como en la selva y la sierra peruanas, identificamos la correlación establecida: frente a la protesta social y territorial ligada a la instalación de empresas extractivas o la profundización de proyectos existentes, la respuesta estatal es predominantemente coercitiva.

Si bien los casos difieren en el tipo de proyecto extractivo predominante, en las alianzas comerciales que establecen con diversos países, o los modos históricos de resolución del conflicto interno, en ambos se observa un proceso de securitización del modelo de desarrollo. Las comunidades que se oponen parcial o totalmente a los proyectos extractivos son construidas como terroristas ecológicos o ecoterroristas. Se asume que, si bien esta categorización político-judicial-mediática resulta funcional a la actual fase de acumulación, es el producto de una serie de violencias estructurales desplegadas sobre estas comunidades desde larga data, que se pueden reconstruir a partir de los procesos de constitución de los Estados nacionales. Así, la criminalización de la protesta antiextractivista aparece como la forma de respuesta estatal que posibilita el sostenimiento del patrón de crecimiento.

Los elementos mencionados caracterizan lo que en esta tesis se analiza, desde la perspectiva de la Sociología Histórica, como tensiones en torno a la imposición de un nuevo orden económico-político neoextractivista. Se aborda, de este modo, el uso de la violencia estatal como un recurso para la resolución de conflictos internos o, en otras palabras, para la construcción y mantenimiento de un orden determinado. En función de lo antedicho, la violencia estatal es explorada no sólo en su faz represiva, sino también en su dimensión productiva: la creación de un enemigo cuya mera existencia representa una amenaza para la nación.

Fil: Mendoza, Marina G. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina

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Colaborador

Nercesian, Inés
De Gori, Esteban

Editor

Materias

Spatial Coverage

Temporal Coverage

2000-2018

Idioma

spa

Extent

297 p.

Derechos

info:eu-repo/semantics/openAccess
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.0 Genérica (CC BY-NC-ND 2.0)

Formato

application/pdf

Identificador

Cobertura

CHL
PER
2000-2018

Abstract

From 2000, when the cycle of sustained growth in international commodity prices began, Latin American countries entered a new phase of accumulation characterized by the reinstallation of comparative advantages model as the engine of development. This phase, which acquired the name of neoextractivist, implied the reoccupation of the region from its historic role as producer of raw materials with little or no added value for export to central countries, mainly agricultural products (soybeans, wheat), energy (natural gas, oil) and metallic mining (copper, gold, silver, zinc).

In this scenario, marked by geopolitical constraints such as the erosion of north American unipolarity in the region, the entry of new trading partners, mainly China, as well as the establishment of a new international security framework after the attacks of September 11, 2001 in the United States, the Latin American countries implemented a series of political, economic and judicial reforms aimed at improving their commercial competitiveness as investment markets.

In fact, this required the deployment of various mechanisms of internal control, in order to provide extractive projects with a “legal security” framework conducive to the development of their activities. This resulted in the intensification of the containment and repression policies of the anti-extraction protest, which in Chile and Peru were accompanied by the construction of indigenous and indigenous-peasant communities that partially or totally oppose extractive activities, as a threat. A terrorist threat that, coupled with a new context of land disputes, mutated towards ecoterrorism, a category used by government authorities to legitimize their actions on these groups.

The national cases present a series of common elements. In both there was an updating of a terrorist imagery and discourses within the framework of democratic transitions in Chile during the 1990s and in Peru during the 2000s. Both Chile and Peru have a high composition of indigenous population (and indigenous-peasant in the case of the Andean peoples of the Peruvian highlands) historically marginalized, which strengthened the historical claim for the fulfillment of their rights in the face of the expansion of the extractive frontier.

In both countries, a predominantly punitive state response to these demands of a political nature was deployed, turning the manifestations of dissent into acts of treason or obstruction of the nation's development. In 2011, they were the countries with the highest number of conflicts between extractivist companies and communities.

The economies of both countries presented during these years a reprimarized economic profile, sustained on the increase in mining, fishing, forestry and hydrocarbon exports, which allowed them to achieve historical GDP growth margins, encouraging the deepening of this model of development and the consequent escalation of the protest criminalization.

In this context, the present investigation proposes to comparatively analyze the criminalization processes of the anti-extractivism protest in Chile and Peru between 2000 and 2018, focusing on the ways in which the states responded to the demands of the indigenous and indigenous-peasant communities. In the southern region of Chile, as well as in the Peruvian jungle and highlands, we identified the established correlation: towards the social and territorial protest linked to the installation of extractive companies or the deepening of projects existing, the state response is predominantly coercive.

Although the cases differ in the predominant type of extractive project, in the commercial alliances they establish with various countries, or in the historical ways of resolving the internal conflict, in both there is a process of securitization of the development model. Communities that partially or totally oppose extractive projects are built as ecological terrorists or ecoterrorists. It is assumed that, although this political-judicial-media categorization is functional to the current accumulation phase, it is the product of a series of structural violence deployed against these communities since the process of constituting the national States. Thus, the criminalization of anti-extractivist protest appears as the form of state response that enables the growth pattern to be sustained.

The elements mentioned above characterize what in this thesis will be analyzed, from the Historical Sociology perspective, as tensions around the imposition of a new neo-extractivist economic and political order. Thus, the use of state violence is addressed as a resource for the resolution of internal conflicts or, in other words, for the construction and maintenance of a certain order. Based on the foregoing, state violence is explored not only in its repressive face, but also in its productive dimension: the creation of an enemy whose mere existence represents a threat to the nation.

Table Of Contents

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. CONDICIONES SOCIOHISTÓRICAS DE LA VIOLENCIA ESTATAL EN CHILE Y PERÚ (1818-1973/80)
1.1. Los procesos independentistas y el establecimiento del orden poscolonial: centralización del poder, inserción dependiente en el mercado mundial y delimitación de la frontera con el indio (1818-1878)
1.2. De la Guerra del Pacífico a la recomposición de la dominación oligárquica y la consolidación de los sectores estratégicos mediante la exclusión y el extermino indígena (1879-1929)
1.3. Entre el desarrollo sustitutivo, la erosión de la dominación oligárquica y las políticas de asimilación e integración indígena (1930-1973/80)
1.4. Las variables estructurales de la violencia estatal: entre el racismo selectivo, la exclusión del cuerpo social y la asimilación diferencial

CAPÍTULO 2. LA IMPOSICIÓN DEL NEOLIBERALISMO POR VÍAS AUTORITARIAS: EL TERRORISMO DE ESTADO EN CHILE (1973-1990) Y LA “LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN” EN PERÚ (1980-2000)
2.1. El régimen de Pinochet: del modelo sustitutivo a la valorización financiera
2.1.1. El carácter contrarrevolucionario de la dictadura y la instrumentalización del “enemigo comunista” para reprimir la disidencia
2.1.2. La contrarreforma agraria: la dictadura en territorio mapuche y la consolidación de la industria forestal
2.2. Perú: de la crisis orgánica a la liberalización de la economía y el restablecimiento del orden interno
2.2.1. El conflicto armado interno y la emergencia del “enemigo terrorista”
2.2.2. La incidencia de la “lucha antisubversiva” en las comunidades selváticas y serranas
2.3. Los programas de ajuste estructural y la creación del marco regulatorio para las actividades extractivas
2.3.1. Hacia la reversión del esquema industrial-nacionalista: las reformas comerciales, financieras y laborales en la apertura comercial chilena
2.3.2. La construcción de un marco de seguridad jurídica en la dictadura fujimorista: la estabilidad tributaria como herramienta para atraer IED
2.4. Estabilidad jurídica y seguridad interna: dos claves para la refundación de las sociedades

CAPÍTULO 3. EL NEOEXTRACTIVISMO EN CHILE Y PERÚ: SECURITIZACIÓN Y MILITARIZACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO (2000-2010)
3.1. La expansión de la frontera extractiva y la consolidación de un nuevo marco securiticio internacional
3.2. El carácter geoestratégico del sur chileno, la selva amazónica y la sierra peruanas
3.3. De Lagos (2000-2006) a Bachelet (2006-2010): reinserción económica mediante TLC, consolidación del perfil primario-exportador y judicialización de la protesta mapuche
3.3.1. La construcción del terrorismo mapuche como estrategia de defensa del conglomerado forestal
3.4. De Toledo (2001-2006) a García (2006-2011): descentralización estatal, boom minero-petrolero y persecución de la protesta indígeno-campesina
3.4.1. La re-etnificación de las comunidades andinas y el fortalecimiento de la represión antiextractivista en la Amazonía frente al avance minero y energético
3.5. La creación del enemigo ecoterrorista como estrategia de sostenimiento del neoextractivismo

CAPÍTULO 4. LA LEGITIMACIÓN DEL MODELO FRENTE AL AGOTAMIENTO DEL SUPERCICLO: DE LA RESPUESTA REACTIVA A LA ESTRATEGIA PREVENTIVA (2011-2018)
4.1. El inicio del fin: crisis financiera internacional, agotamiento del superciclo y la “carrera hacia el fondo”
4.2. Del gobierno de las corporaciones (Piñera, 2010-2014) al reformismo político (Bachelet, 2014-2018): flexibilización ambiental y tributaria y profundización de las actividades extractivas
4.2.1. Entre la hipótesis del “terrorismo internacional”, la oposición williche a la industria salmonera y la incriminación de comuneros mapuche
4.3. De la fallida “gran transformación” (Humala, 2011-2016) al gobierno de los poderes fácticos (PPK, 2016-2018): “paquetazos ambientales” y captura del Estado
4.3.1. La normalización de la emergencia frente a la protesta antiextractivista: estigmatización y criminalización preventivas
4.4. La maldición de los recursos naturales: crecimiento macroeconómico con desigualdad y el uso de la violencia estatal para la reproducción del modelo de desarrollo

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

MAPAS Y ANEXOS

Título obtenido

Doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales

Institución otorgante

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales

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