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Descripción es exacto "En esta tesis describo y analizo la trayectoria de un problema ambiental a través de una serie de arenas públicas vinculadas a escenarios de conflicto específicos, y exploro la productividad a mediano plazo de esos conflictos en términos de cambio institucional, territorialización, formación de identidades y estructuración de las definiciones de problema. A partir de un estudio de caso enfocado en la ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos aprobada en noviembre de 2007 (y conocida como «Ley de Bosques») y en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos elaborado en Salta en 2008-2009 en cumplimiento de aquella ley, mi tesis busca contribuir a una mejor comprensión de la dinámica de elaboración de las políticas públicas ambientales en el contexto del federalismo argentino.

En cuanto al marco teórico, combino un enfoque centrado en la construcción discursiva de un problema de política con un análisis de la dinámica de los conflictos asociados. Apoyándome en autores como M. Hajer y D. Cefaï concibo el proceso que conduce a la adopción de una política pública, y de un diseño específico para ella, en parte como una lucha discursiva en torno a la definición de un problema público. Esta lucha se produce en una serie de arenas públicas, que ejercen efectos estructurantes sobre la actividad discursiva que en ellas se desarrolla; una parte importante de mi análisis se enfoca en los diferentes modos en que el problema es definido en las diferentes arenas, y en los modos en que los efectos estructurantes de las diferentes arenas favorecen selectivamente ciertas definiciones del problema. A su vez, una definición del problema imputa responsabilidades, identifica víctimas y sugiere posibles soluciones con diferente impacto sobre los diversos actores, y por ello configura una determinada escena de conflicto, trazando líneas de enfrentamiento y habilitando posibles alianzas. Por otra parte, aun si los actores invierten una considerable energía en la lucha discursiva por la legitimación de ciertas definiciones del problema, esta dimensión por sí misma no basta para dar cuenta de la política pública resultante, ya que los políticos y otros decisores pueden adoptar medidas no basadas en una definición públicamente legitimada de un problema, aun si ello les representa un costo. Por ello, los actores, además de desplegar una actividad discursiva, se involucran en otros repertorios de acción para influir sobre la política que se adopte. Por consiguiente es necesario considerar simultáneamente ambas dimensiones del proceso, la lucha discursiva y la dinámica del conflicto.

En lo que se refiere al caso de estudio, la Ley de Bosques, debido a su alcance territorial y a la envergadura de la política pública que pone en marcha, es uno de los prinicpales ejemplos de la aplicación del mecanismo establecido en el art. 41 de la Constitución de 1994, que faculta a los poderes nacionales para emitir normas de «presupuestos mínimos de protección ambiental» que deben ser aplicados y complementados por las provincias. La Ley de Bosques exige que cada provincia diseñe un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, clasificando sus bosques en tres categorías: la categoría I incluye bosques de mayor valor de conservación, que deben permanecer estrictamente protegidos; la categoría II bosques que deben ser conservados bajo un manejo sustentable, y la categoría III bosques que pueden ser desmontados para destinar el suelo a otros usos. La ley crea además un Fondo de Conservación de Bosques que provee incentivos económicos a las administraciones provinciales y a los dueños de tierras con bosques sujetos a conservación.

La Ley de Bosques fue aprobada en noviembre de 2007 tras un largo y disputado proceso legislativo, iniciado en mayo de 2006, y precedido por una serie de conflictos que visibilizaron la cuestión de la deforestación a nivel nacional, remontándose a 2004 y más allá. Salta fue una de las primeras provincias que se adecuó a la norma nacional mediante la ley provincial 7543 de diciembre de 2008 y dos decretos firmados por el gobernador a mediados de 2009. Este proceso estuvo envuelto en conflictos sumamente ásperos.

Uno de los resultados principales de mi tesis es que no necesariamente la misma definición de un problema público prevalece en las arenas públicas nacionales y provinciales, debido a las importantes diferencias en las relaciones de poder entre los actores que operan en uno y otro nivel, así como a otros efectos estructurantes de las diferentes arenas públicas. Esto sugiere que cualquier regulación ambiental que opere bajo el marco constitucional de los presupuestos mínimos está sujeta, en principio, a ser tratada en términos de diferentes supuestos, metas e intereses en cada uno de esos niveles, lo que se traduce en una considerable complejidad para el proceso de elaboración de una política.

Un segundo resultado se refiere a la legitimación democrática de las políticas elaboradas en procesos como este. En efecto, pueden observarse profundas diferencias en las definiciones del problema esgrimidas en diferentes arenas públicas aun correspondientes al mismo nivel de gobierno. Particularmente en Salta la arena legislativa no refleja en modo alguno las discusiones presentes en la arena provista por el «proceso participativo» organizado por el ejecutivo provincial para la elaboración de la política. Esta desconexión implica que las políticas adoptadas gozan de escasa legitimación discursiva.

En tercer lugar exploro las consecuencias de mi análisis para la teoría de los conflictos ambientales. A partir del trabajo de autores como A. Azuela y P. Melé, quienes consideran los conflictos ambientales desde el punto de vista de su «productividad», o sea, de las transformaciones de mediano plazo que ocasionan, sostengo que una dimensión significativa de esta productividad consiste en la estructuración gradual de los propios escenarios de conflicto como resultado de las fases anteriores del conflicto, o lo que podría llamarse la auto-estructuración de los conflictos a lo largo del tiempo."

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